El próximo año se evaluará la proyección del gasto medio en pensiones para el período 2022-2050. En caso de que este se desvíe del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá introducir medidas que pasen por la Comisión del Pacto de Toledo, las cuales podrían incrementar los ingresos del sistema, reducir el gasto o ambas. Si no se acuerdan medidas, la reforma prevé un incremento adicional y automático de las cotizaciones sociales a partir de 2026.

Impacto en el empleo y la competitividad

Así pues, en un reciente comunicado, el Banco de España (BdE) ha señalado que, con alta probabilidad, serán necesarias medidas adicionales para contrarrestar el aumento futuro del gasto en pensiones. El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos advierte que activar la cláusula de salvaguarda y la consiguiente subida de las cotizaciones sociales podría perjudicar el empleo y la competitividad de la economía española.

Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha subrayado que la implementación plena de la reforma, sin contar con las cláusulas de salvaguarda, ya supone un aumento de 2,7 puntos porcentuales en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales. «Pero la reforma no implica solo eso, sino aumentos mayores», afirmó Gavilán durante la presentación del Informe Anual.1Informe Anual del 2023 del Banco de España

Previsiones al alza y necesidad de ingresos adicionales

Según el último Ageing Report de la Comisión Europea y los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es probable que se necesiten medidas adicionales en 2025. «Hacer descansar la financiación solo en las cotizaciones sociales puede dañar la competitividad», indicó Gavilán. Además, cada vez que se elaboran nuevas previsiones de gasto a largo plazo, este se revisa al alza. El último Ageing Report muestra que, incluso después de 2050, el gasto en pensiones se mantendrá alrededor del 17% del PIB.

Jubilación demorada y el desafío migratorio

Una de las medidas propuestas para reducir el gasto es la jubilación demorada, ofreciendo incentivos como un incremento del 4% en la pensión por cada año de retraso. Aunque su efectividad es incierta, ya se registra un aumento en los últimos años. Según nuestro banco central, si la mitad de los trabajadores aplazara la jubilación tres años, el ahorro en el gasto en pensiones sería de entre cinco y siete décimas del PIB.

Finalmente, el Banco de España destaca que para mantener una tasa de dependencia del 26,6% en 2053, serían necesarios 24,7 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Esto representa un desafío significativo, ya que actualmente España no cuenta con una política migratoria que soporte tal aumento, y además no es capaz de atraer inmigración de alto valor añadido.

En resumen, el panorama de las pensiones en España requiere de una revisión profunda y la implementación de medidas efectivas para asegurar la sostenibilidad del sistema sin comprometer la competitividad económica del país.